Durante un sondeo, varios expresaron que el estado nunca ha sido capaz de gestionar eficazmente empresas privadas, y la corrupción es un obstáculo significativo. “El Perú no está preparado para gestionar empresas privadas de manera estable, especialmente con un congreso manipulado por intereses personales. Si el estado no elimina la corrupción, es imposible que maneje adecuadamente las empresas públicas”, indicó un encuestado.
Otro ciudadano subrayó que la intervención estatal puede ser positiva en ciertos casos, ya que los ingresos generados por estas empresas pueden ser invertidos en programas sociales que contribuyan al desarrollo. “Es crucial abordar los problemas de corrupción e ineficiencia dentro de estas entidades, ya que la falta de capacitación y la burocracia son factores críticos a mejorar para un modelo exitoso”, explicó. Además, agregó que la regulación estatal podría prevenir abusos, como la competencia desleal a nivel nacional.
Sin embargo, algunos opinan que el modelo es perjudicial debido a los riesgos de manipulación política. “El estado se ve influenciado por grupos de poder o partidos políticos que pueden usar las empresas públicas para fines propios. Este modelo es problemático en el contexto electoral actual, ya que podría perpetuar la corrupción y la falta de transparencia”, concluyó un entrevistado, destacando la necesidad de separación entre política y gestión empresarial estatal.
