REDACCIÓN
La Defensoría del Pueblo publicó el tercer reporte «Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional», en el que se revela que la segunda mitad de 2023 culminó con 5779 casos de corrupción en trámite a nivel nacional, una cifra muy similar a la registrada en el primer semestre del mismo año, en que la cifra de investigaciones en trámite por temas de corrupción alcanzó los 5860 casos.
Importante
De acuerdo al reporte, que recoge información de la Procuraduría Anticorrupción, las municipalidades continúan en el primer lugar como las entidades con mayor cantidad de casos de corrupción en trámite, concentrando más del 39 % del conjunto de casos registrados con un porcentaje muy similar al reportado en el primer semestre de 2023, en que ocupó el 41 % de los casos.
Como dato relevante, se evidencia que 17 departamentos reportan a los gobiernos locales como las entidades con más casos de corrupción. En segundo lugar se encuentran los gobiernos regionales, que acumulan un 18 % de los casos y la Policía Nacional del Perú, con el 12 %.
En términos geográficos, el departamento de Lima lidera el ránking de casos de corrupción en trámite, con un 18 %, seguido de Áncash y Junín, cada uno de ellos con un 7 % del total.
Especificaciones
Entre otros datos importantes contenidos en el reporte, el 99 % de casos se encuentra aún en etapa de investigación fiscal. Dentro de este porcentaje, el 95 % (5488) se encuentran en investigación preliminar, que es una fase del proceso penal en la que se busca asegurar los elementos de prueba. El 4 % (215) de los casos está en investigación preparatoria y solo el 0.7 % se encuentran en etapas intermedia y de juicio oral. Ello demanda mayor celeridad en las investigaciones a nivel fiscal.
Finalmente, se da a conocer que los delitos con mayor incidencia son peculado, con un 23 % (1346), negociación incompatible, con un 22 % (1249) y colusión, con un 18 % (1046). Asimismo, que solo el 0.4 % (25) de los casos de corrupción son casos emblemáticos, que se caracterizan por la importancia social del bien o servicio público afectado, el número de procesados y el impacto mediático que pueda tener en la sociedad.