REDACCIÓN I PORTAL AYACUCHO
La Contraloría General identificó que se efectuó pagos por bonificación COVID-19, de marzo a diciembre de 2020, a directivos, personal de confianza y servidores que ejecutaron labor virtual de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho – DIRESA, en contra de las prohibiciones establecidas, lo que ocasionó un perjuicio de S/ 62 590.
El gobierno central aprobó el Decreto de Urgencia N° 026-2020, el cual brindaba una bonificación extraordinaria a favor del personal de salud, posteriormente, se modificó con el Decreto de Urgencia N° 053-2020, incorporando al personal administrativo que efectuaba labores frente al COVID-19, para ello era necesario que el personal beneficiario debiera encontrarse registrado en el Registro Nacional de Personal de Salud y presten servicios efectivos de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19.
Los decretos de urgencia establecían que estaban excluidos, de la citada bonificación, el personal que ocupaba cargos de confianza o directivos y aquellos que realizaban exclusivamente trabajo remoto.
Sin embargo, el informe de Control Específico N° 004-2022-2-3446-SCE develó que se realizó el pago por concepto de dicha bonificación extraordinaria a 9 funcionarios de confianza y directivos, y 27 servidores que no realizaron labores vinculadas a la pandemia y/o ejecutaron labores virtuales, cuando el beneficio era para personal que netamente realizaba trabajo presencial de respuesta frente al COVID-19.
Cabe mencionar que, el Ministerio de Salud Dispuso que es el director o jefe de la Oficina de Recursos Humanos el responsable de verificar que el personal beneficiario cumpla con los criterios establecidos en los Decretos Supremos N° 068 y 184-202-EF y calcular el costo del otorgamiento de la bonificación extraordinaria correspondiente, función que fue incumplida por el citado funcionario, pues incorporó a servidores que incluso no fueron informados por las áreas beneficiarias y fueron injustificadamente incluidas de oficio.
El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional – OCI DIRESA, halló la presunta responsabilidad penal y administrativa en 12 funcionarios. El informe fue comunicado al actual director de la DIRESA para que efectúe el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores, y al Procurador Pública Especializado en Delitos de Corrupción, para el inicio de las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en las irregularidades.
