Por Alexi Avilez Gutiérrez
Debo iniciar señalando que en nuestro país 1,064 personas se encuentra privadas de libertad, por el delito de Incumplimiento de la Obligación Alimentaria; es decir, porque no tienen dinero para cumplir con asistir a su familia.
94,911 peruanos están privados de libertad en nuestro país, de los cuales están sentenciados 60,459 (63.70%); o sea, 34,452 (36.30%) -solo están con prisión preventiva-. Ahora, de este porcentaje de personas que se encuentran con prisión preventiva, el 90% (31,006) serán absueltos o les variaran su situación Jurica por no existir “suficientes elementos de convicción” con la conducta por la cual son investigados, procesados o acusados, existen ejemplos en abundancia: Caso Keiko, Heredia-Humala, PPK, Vizcarra-lagarto, Villarán-caviar, Rolex, etcétera; y 3,445 serían condenados.
De acuerdo a la base de datos del INPE: 4,787, están preso por el delito de Promoción o Favorecimiento al Tráfico Ilícito de drogas, que viene a ser el 5.04% del total de la población penitenciaria; 7,229, por Tráfico Ilícito de Drogas (7.62%); 1,807 por Tenencia Ilegal de Armas (1.90%); 971 por el delito de Fabricación, Comercialización, Uso o Porte de Armas (1.02%); 3,373 por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas – Formas Agravadas (3.55%); 922 por Microcomercialización o Microproducción (0.97%) y 16,436 por otros delitos menores, que viene a ser el 17.32% de la población penal.
Del total de las personas privadas de libertad, hay un 37.42% (35,515) que son por conductas de menor lesividad que no afectan la seguridad pública, la tranquilidad social y la convivencia ciudadana.
Ahora bien, de las 34,452 personas que se encuentran con prisión preventiva, 31,006 recuperarían su libertad por ser declarados inocentes; y, de las 60,459 personas que se encuentran purgando condena, 22,623 saldrían en libertad (35,515 x 63.70%) por estar condenados por conductas de menor lesividad, estas personas privadas de libertad están ávidos a reeducarse, readaptase y reincorporarse a la sociedad; en esa línea de pensamiento, 5,958 personas privadas de libertad son de 60 años a más, muchos de ellos con “enfermedades terminales; o con enfermedades no terminales que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable”, sustentada por el principio de humanidad o de proscripción de la crueldad, a la luz del indulto humanitario a Fujimori; los 5,958 personas privadas de libertad que tienen 60 años a más, deben ser merecedores de su libertad anticipada, aplicando la “redención excepcional por hacinamiento y humanitario” o acceder al indulto común, conmutación o indulto humanitario”, sustentada por el principio de igualdad ante la Ley (artículo 2.2. de la Constitución Política del Perú), si falta cojones, al 23.84% del total de personas privadas de libertad, con conductas de menor lesividad que no afectan la seguridad pública, la tranquilidad social y la convivencia ciudadana, como pena alternativa se le debe aplicar la pena de vigilancia electrónica personal, probado su eficacia y eficiencia en regiones civilizados. Contrario sensu la “pena de muerte” es una institución vigente para los peruanos aguas abajo, por ejemplo, el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, es testigo mudo de cientos de “pena de muerte”, especialmente el pabellón 3, donde el INPE viene concentrando a los más vulnerables de la población penitenciaria, agrupando enfermos terminales provenientes del interior del país, abandonados a su suerte, súmese la concentración de adultos mayores dependientes, no autovalentes, con discapacidad hasta múltiple, personas privadas de libertad, sentenciados a “pena de muerte”. Ninguna persona privada de libertad debe morir en un establecimiento penitenciario en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.
Entonces, por lógica, las máximas de la experiencia y la ciencia pura y dura, el 23.84% (22,623) de las personas privadas de libertad, deben obtener su libertad anticipada por “redención excepcional por hacinamiento y humanitario” o por “indulto común, conmutación o indulto humanitario” y/o con grillete electrónico personal -medida excepcional-; mas el 90% (31,000) de personas que recuperarían su libertad luego de haber estado con prisión preventiva; que, nos permitirá reducir a 20 establecimientos penitenciarios.
El hacinamiento y la sobrepoblación penitenciaria es producto de la espiral consumista de este modelo económico y de la MACRO CORRUPCIÓN. Las organizaciones criminales de la macro corrupción son los autores del hacinamiento y la sobrepoblación de las cárceles del Perú; en nuestro gobierno, como mínimo el 23.84% de los internos con conductas de menor lesividad que no afectan la seguridad pública, la tranquilidad social y la convivencia ciudadana, dentro de los primeros 100 días se irán a su casa, con su grillete electrónico personal; a saber, sin embargo la lucha frontal contra los delincuentes: de cuello blanco, color kaki, color verde, color rosado, color amarillo, color anaranjado, color negro; para ser preciso, para la MACRO CORRUPCIÓN penas severas, para los delincuentes -aguas abajo, aguas arriba-, o sea, para los corruptos y los padres de la impunidad reabriremos “El Frontón” y para los delincuentes comunes refundaremos la “Colonia Penal del Sepa”.
A la razón, a 100 días de nuestro gobierno, de los 68 penales, 50 deben ser museos del recuerdo, solo debemos quedarnos con 20 penales, incluyendo el “El Frontón” y la “Colonia Penal del Sepa”. Verbi gratia, en la vida y en política, el perdón es más poderoso que el odio. A su vez, es tiempo de aplicar para todos: justicia garantista, pero eficiente y oportuna, en una sociedad con solidos principios morales; y, con oportunidades laborales, de educación y salud.
¿Cuánto es la sobrepoblación penitenciaria?
Los 68 penales, tienen capacidad de albergue para 41,019 personas privadas de su libertad, sin embargo, como señalamos líneas arriba son 94,911 presos a enero del 2024, hay 53,892 demás, haciendo una sobrepoblación de 131%; porcentaje que difiere de una región a otro, por ejemplo en la región Norte Chiclayo la sobrepoblación es de 160%; en la región Lima, 151%; en la región Sur – Arequipa 236%; en la región Centro – Huancayo, 213%; en la región Oriente – Huánuco, 108%; en la región Sur Oriente – Cusco, 108%; en la región Nor Oriente – San Martin, 9%; en la región Altiplano – Puno, 84%.
¿Cuánto cuesta la vigilancia electrónica personal?
Según datos del INPE, la vigilancia electrónica personal tiene el costo de 1,300 soles por mes, en un año por cada persona privada de libertad saldría 15 mil 600 que debería ser asumida el 100% por el beneficiario, si comparamos cuánto cuesta mantener una persona privada de libertad en el penal es exorbitante desde todo punto de vista.
¿Cuánto le cuesta al país una persona privada de libertad por año?
10.800 (diez mil ochocientos) por año, sin considerar otros gastos, que son enormes, sin considerar que la construcción de una celda cuesta 33 mil dólares, o sea, solo para construir una celda el Estado gasto más de 100 mil.
¿Cuál es su opinión frente a la construcción de 4 a 7 penales en el país?
Macro corrupción, diezmo, quinto; a saber, la monumental y única herencia de Pizarro y Almagro, símbolo de los Waykis en la era de los Rolex, pulseras y aretes de diamante; solo concebido en su lóbulo frontal de los colonizados metales de derecha-achorada e izquierda-caviar, se pretenda invertir 82 millones, para construir el penal, en Apurímac; 406 millones, para construir el penal de Shumba, en Cajamarca; 310 millones, para construir el penal, en Huánuco; y, 580 millones, para construir el penal Ancón III, en Lima. Con esa lógica debemos construir 52 penales para despoblador los penales y 5 penales por año de acuerdo al crecimiento poblacional proyectado. Si para la construcción de cuatro penales y políticas penitenciaras se pretende invertir 2,688 millones, para construir 52 penales y su mantenimiento no alcanza todo el presupuesto del 2024. Vamos a paso de vencedores Wayki, con la marcha de los guerreros Wari, por el millón para el quinto de Ayacucho.
Usted es abogado de terroristas del VRAEM ¿verdad?
No patrocino,ni colonizados mentales, ni delincuentes de cuellos blancos, color kaki, color verde, color rosado, color amarillo, color anaranjado, color negro; yo defiendo a campesinos agrococaleros, o sea, soy abogado de ex paperos, ex maiceros, ex trigueros, ex arroceros, “ex-etcéteras”; los colonizados mentales se cartelizan en las urbes, en la metrópoli; en las 18 cuencas agrococaleras, trabajan y radican parte del 74.5% de peruanos que se encuentran en situación de pobreza o vulnerables a volver a encontrarse en situación de pobreza, defiendo y patrocino a ellos.
