En las últimas semanas, más de 211 mil estudiantes ayacuchanos iniciaron un nuevo año escolar, de los cuales alrededor de 176 mil asisten a instituciones públicas y 34 mil a privadas. No obstante, la infraestructura educativa pública presenta serias deficiencias que afectan negativamente la calidad del servicio educativo.
Las deficiencias en la infraestructura de los colegios públicos de Ayacucho son alarmantes: 1,693 instituciones educativas presentan un alto riesgo de colapso, ya que más del 70% de sus fachadas se encuentran deterioradas, lo que hace necesaria su reconstrucción. Esta situación afecta la calidad educativa de más de 48 mil estudiantes en la región.
En cuanto al equipamiento de las escuelas públicas, también se evidencian serias deficiencias que limitan las condiciones mínimas para una enseñanza adecuada. El 36.3% de los colegios estatales presenta al menos un aula en mal estado, principalmente por cerraduras deterioradas o vidrios rotos en las ventanas. Además, cerca del 60.0% de las aulas carece de pizarras suficientes, y el 70.3% no cuenta con el número de carpetas necesario.
Asimismo, persisten marcadas desigualdades en el acceso a servicios básicos entre colegios públicos y privados. Solo 38.5% de instituciones públicas cuentan simultáneamente con agua de red pública, desagüe y electricidad, lo que significa que más de 120 mil estudiantes ayacuchanos carecen de al menos uno de estos servicios esenciales. En contraste, el 95.5% de los colegios privados dispone de los tres. La brecha más significativa se observa en el acceso al agua potable: mientras solo el 56.2% de las escuelas públicas accede a agua de red pública, en los colegios privado la cobertura alcanza el 96.6%.
En este contexto, el Ministerio de Educación estima que la brecha en infraestructura educativa en Ayacucho supera los S/6 mil millones al año 2024. Para cerrar esta brecha, se requeriría una inversión equivalente a cuatro veces el presupuesto total asignado al sector educación en la región para 2025. Sin embargo, en los últimos diez años, los tres niveles de gobierno solo ejecutaron, en promedio, el 68.8% del presupuesto destinado a proyectos educativos, lo que implicó dejar de invertir más de S/100 millones anuales en un sector clave para el desarrollo regional.
Contar con una infraestructura educativa adecuada es esencial para garantizar una enseñanza de calidad, ya que permite ofrecer un entorno seguro y favorable para el aprendizaje. En este marco, resulta clave impulsar mecanismos de inversión como Obras por Impuestos (OxI) y los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP), orientados a reducir las brechas en el sector educativo. A través de OxI, por ejemplo, se han financiado iniciativas que incluyen la reposición de mobiliario, la mejora del equipamiento y la construcción de nuevas instalaciones escolares.
