La Contraloría General de la República evidenció que funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho suscribieron un convenio de forma irregular, mediante el cual se entregó la administración de un bien público -como el circuito de manejo para la obtención de licencias de conducir- al Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores (CAFAE), que se benefició económicamente con una recaudación de S/ 937 880, afectando el patrimonio del Estado.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 010-2025-2-3904-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2022 y el 9 de febrero de 2024, concluyó que el convenio carecía de respaldo jurídico, ya que el CAFAE no es una entidad pública, y no se siguieron los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento para la administración de bienes inmuebles del Estado.
Bajo este convenio, el CAFAE cobró directamente a los postulantes a licencias de conducir por el alquiler del circuito de manejo para simulacros y por el uso de la pista y los vehículos durante los exámenes oficiales. De esta manera, una entidad privada se benefició económicamente de un bien público, participando además en un proceso que corresponde exclusivamente a la Dirección Regional de Transportes, como centro de evaluación autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La situación se agrava al haberse comprobado que los funcionarios que suscribieron, validaron y permitieron la ejecución del convenio irregular también se beneficiaron económicamente con la distribución de los fondos recaudados por el CAFAE. Esto vulnera la normativa que prohíbe a los servidores públicos adquirir derechos o beneficios sobre los bienes de la entidad a la que pertenecen, configurando un conflicto de intereses.
Por estos hechos, la Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en nueve exfuncionarios y exservidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.
El informe fue comunicado al titular de la entidad para el deslinde de responsabilidades administrativas, y se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales correspondientes contra los presuntos responsables.
