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Comexperú: dinero del presupuesto 2026 para planillas pudo reforzar la seguridad ciudadana

Gremio advierte que el 85 % del presupuesto en seguridad se concentra en planillas, mientras las comisarías siguen sin recursos básicos ni capacidad de respuesta.

Gremio advierte que el 85 % del presupuesto en seguridad se concentra en planillas, mientras las comisarías siguen sin recursos básicos ni capacidad de respuesta.
Gremio advierte que el 85 % del presupuesto en seguridad se concentra en planillas, mientras las comisarías siguen sin recursos básicos ni capacidad de respuesta.

De cara al debate del presupuesto público de 2026 en el Congreso, ComexPerú presentó un análisis que revela las deficiencias en la gestión de los recursos estatales. El gremio señala que, a pesar del significativo aumento en las asignaciones para sueldos, la inversión en áreas clave sigue siendo insuficiente.

«Entre 2023 y 2026, se registró un enorme aumento de S/36,735 millones en remuneraciones para el sector público, dinero que se pudo haber destinado a inversiones en seguridad», afirma el gremio. Además, el 85 % del presupuesto del sector de seguridad se destina a salarios y pensiones, lo que deja un escaso margen para equipamiento o inversión, a pesar de la escasez crónica de recursos en las comisarías, un hecho reportado por la Contraloría.

La baja ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales es otro punto crítico. ComexPerú menciona que, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los municipios solo utilizaron dos tercios de su presupuesto asignado en 2024. Estos recursos no ejecutados, que sumaron S/65,272 millones entre 2021 y 2024, habrían sido suficientes para construir 326 hospitales o cubrir el 81 % del costo para llevar agua y saneamiento a la población, de acuerdo con diagnósticos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Para ComexPerú, la solución no es solo gastar más, sino «gastar mejor». Por ello, insiste en la necesidad de una reforma integral del servicio civil que profesionalice la burocracia, así como mecanismos que incentiven la correcta ejecución de los recursos. Con este enfoque, el Congreso tiene la oportunidad de aprobar un presupuesto eficiente que beneficie directamente a los ciudadanos.

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