“Si hablamos en cifras simbólicas, apenas 19 de cada 100 personas tributan, mientras que las otras 81 no lo hacen”, precisó el contador Richard Prado, quien explicó que la presión tributaria en el Perú es una de las más bajas de América Latina, situándose alrededor del 19 % del PBI, muy por debajo de países como Uruguay (27 %) o Chile (23 %). Según indicó, este indicador representa cuánto recauda un Estado respecto a su producto bruto interno, el cual en Perú registra un crecimiento sostenido del 3 %, lo que evidencia una etapa de desarrollo prolongada. Sin embargo, esta expansión no se traduce en una mejora proporcional de los ingresos fiscales, debido a que solo una pequeña parte de la población contribuye formalmente.
Prado señaló que el problema central es la informalidad, la cual se ha agudizado a raíz de la pandemia por COVID-19. Muchos negocios cerraron, y aquellos que intentaron formalizarse se enfrentaron a una fuerte carga burocrática y fiscalizadora.
“El Estado persigue al que tiene licencia, al que está abierto y visible, pero no al que vende contrabando o trabaja en la clandestinidad. Mientras tanto, Sunat, Sunafil, municipalidades y otras entidades hostigan al formal, lo que desalienta a nuevos emprendedores”, explicó.
Este trato desigual genera una sensación de injusticia entre quienes sí cumplen con sus obligaciones, y al mismo tiempo empuja a más ciudadanos hacia la informalidad.
Advirtió que para incrementar la presión tributaria de manera sostenible no basta con aumentar impuestos a los mismos contribuyentes, sino que se debe ampliar la base tributaria, incluyendo a quienes hoy operan al margen de la ley.
“Lo que necesitamos es un sistema tributario más justo, donde todos aporten en función de sus capacidades y no solo unos pocos carguen con todo el peso”, sostuvo.
A su juicio, mientras no se promuevan mecanismos reales de inclusión y formalización, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso que limita su crecimiento económico y reduce la calidad de vida de su población.
