“La minería ilegal es uno de los flagelos que azotan al Perú y al mundo, porque implica la extracción de recursos altamente cotizados sin control ni formalización”, señaló Richard Prado, contador público. Explicó que, a diferencia de las concesiones ordinarias o el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la minería ilegal actúa al margen de todo procedimiento, generando contaminación en los ríos, suelos y cultivos.
El especialista precisó que esta actividad evade más de S/7,500 millones en impuestos cada año, cifra que representa cerca del 4% del presupuesto nacional, fondos que podrían destinarse a educación, salud o infraestructura. “Esa defraudación tributaria afecta al país entero; son recursos que deberían servir para construir escuelas, hospitales o mejorar los sueldos de los maestros jubilados”, enfatizó.
Además, Prado advirtió que la minería ilegal vulnera los derechos laborales y la salud de miles de trabajadores expuestos a gases tóxicos y metales pesados como el mercurio. “Se están matando lentamente, porque quienes manipulan mercurio o trabajan sin protección inhalan sustancias que dañan sus pulmones y su sangre”, sostuvo. Finalmente, alertó que las mafias vinculadas a esta actividad obstaculizan los procesos de titulación de tierras y control estatal, consolidando un círculo de ilegalidad que impide el progreso regional.
