REDACCIÓN I AGENCIAS
El Comité Regional Anticorrupción de Ayacucho (CRAA) realizará sesiones descentralizadas en las provincias de la región, con la finalidad de transparentar la labor de las entidades que conforman este grupo de trabajo, incluyendo ferias informativas y atención de denuncias por casos de corrupción.
El jefe de la oficina defensorial, David Pacheco-Villar, quien propuso las sesiones descentralizadas precisó que los órganos de control que integran este espacio deberán participar en estas sesiones descentralizadas que también tendrán lugar en las provincias del sur como Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Lucanas.
Cabe recordar que el CRAA está integrado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Poder Judicial, la Oficina de Inspectoría y Disciplina de la Policía, secretarías técnicas de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, oficinas de integridad, entre otras entidades.
Debilidades en la lucha anticorrupción
De otro lado, el representante de la Defensoría informó que su despacho actualizó la información de las graves brechas que hay en contratación de personal especializado, logística, mobiliario, transporte y otros ámbitos del Ministerio Publico, contraloría y Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, lo cual limita su capacidad de respuesta frente a la corrupción.
«Por ejemplo, la Procuraduría contrata a todo su personal, salvo la responsable, mediante locación de servicios; los órganos de control institucional no cuentan con personal suficiente y las fiscalías carecen de peritos especializados. Esta situación debe revertirse cuanto antes», añadió Pacheco -Villar.
Recomendación
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda a las autoridades, funcionarias/os públicas/os y servidoras/es civiles que el cumplimiento de sus deberes debe ceñirse siempre al marco normativo vigente y al Código de Ética de la Función Pública para garantizar el principio de la buena administración y evitar incurrir en actos de corrupción o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
