REDACCIÓN I VIGILANTE
Las contrataciones sin proceso son un mecanismo que habilita a las entidades públicas a suscribir contratos con proveedores del Estado para suplir necesidades urgentes. El objetivo es poder contar con personal que realice una tarea específica que logre satisfacer las necesidades de la institución y, asimismo, la de los ciudadanos que solicitan los servicios de la misma. Lamentablemente, el uso de este procedimiento se ha tergiversado a lo largo de los años a tal punto que los funcionarios corruptos se amparan de este beneficio para favorecer a proveedores que no se encuentran debidamente capacitados.
En ese sentido, un informe de la Contraloría General de la República reveló que en el año 2022, 14 municipalidades provinciales y distritales gastaron más de 116 millones de soles en contratos de consultorías públicas sin seguir los procesos establecidos por la normativa. Estas contrataciones se llevaron a cabo bajo la modalidad de «consultorías y similares,» que permite a las entidades públicas contratar a proveedores del Estado para atender necesidades urgentes.
El informe también indicó que algunas municipalidades no contaron con los informes técnicos que sustenten la necesidad e importancia de las consultorías contratadas. La Contraloría advirtió que estas irregularidades podrían generar un perjuicio económico al Estado y afectar la calidad de los servicios públicos.
