“Estamos hablando de 10 mil millones de soles menos al año”, indicó el contador público Richard Prado Ramos, quien señaló que la reciente modificación al Decreto Legislativo 821, que reduce el IGV de 16 % a 14 % para el gobierno central y eleva el aporte municipal de 2 % a 4 %, generará un impacto fiscal preocupante. Aunque para los ciudadanos el IGV seguirá siendo del 18 %, la reducción de la participación del gobierno central implicará un recorte significativo en sus ingresos anuales.
Esto afectaría directamente a sectores como educación, salud, justicia e infraestructura, cuyos presupuestos están ligados a la recaudación del IGV. Para Prado, la medida no dinamiza la economía ni reduce precios al consumidor, sino que este cambio pone en riesgo la sostenibilidad financiera del Estado, que ya enfrenta un creciente déficit fiscal.
“Gastamos más de lo que ingresa, y esta reducción agudiza ese problema”, sostuvo.
Según explicó, el gobierno tendría pocas opciones: subir otros impuestos, recortar programas sociales, endeudarse más o utilizar reservas, lo cual está constitucionalmente restringido. Esta situación dejaría al próximo gobierno sin recursos suficientes para sostener la inversión pública y cumplir con sus compromisos.
“Sería bueno si los municipios gestionaran eficientemente, pero sabemos que gran parte de su presupuesto va a sueldos”, precisó. Puso como ejemplo a la municipalidad provincial de Huamanga, donde el 80 % del Fondo de Compensación Municipal se destina a planillas.
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