Paola Bustamante Suárez I Directora de VIDENZA
A poco más de cuatro meses del inicio de la gestión de las nuevas autoridades regionales y locales, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dió a conocer el pasado jueves 11 de mayo, las nuevas cifras de pobreza a nivel nacional. La pobreza se incrementó a 27, 5%, en promedio nacional, por lo tanto, tenemos 628 mil nuevos pobres, lo que significa que más de 9 millones de peruanos y peruanas se encuentran en situación de pobreza.
Cajamarca encabeza la lista de departamentos con mayor pobreza en el país, llegando al 44,3% mientras que Ayacucho ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con 40,5%, es decir, 4 de cada 10 ayacuchanos es pobre.
Revisando los datos que presenta el Observatorio del Bicentenario, hace 10 años, en el año 2012 la pobreza en Ayacucho era del 52,6%, por lo tanto más de la mitad de la población era pobre. Ya para el año 2015 ese porcentaje se había reducido en 12 puntos porcentuales, llegando al 40,7%; y, para el año 2017 era el 35,7%. Sin embargo, entre los años 2018 y 2020 la pobreza se incrementó hasta llegar al 46,4%, retrociendo en gran medida lo avanzado, para el año 2021, la pobreza cae 10 puntos porcentuales regresando al 2017 con 36%, lamentablemente este avance no ha sido sostenible y la pobreza en Ayacucho, como se señaló en el párrafo anterior, está en 40,5%, eso significa que se ha retrocedido siete años, al 2015.
Situación similar vemos en cuanto a pobreza extrema, en el 2012 era de 15,7%, cayendo en el 2018 al 6,4% y para el 2021 se regresa al 10,7% igualando al 10,6% del año 2015, donde uno de cada diez pobres, es pobre extremo.
El ingreso de nuevas autoridades debería contribuir a cambiar ésta situación, en primer lugar el que las autoridades regional y locales, se rodeen de equipos técnicos que los ayuden a gestionar los recursos públicos de forma eficiente, centrada en el ciudadano y con integridad, es fundamental. Con la apuesta del Gobierno Nacional de dotar de recursos y modalidades de contratación por resultados, el Gobierno Regional contará con cinco cuadros profesionales que se sumen a este reto y 17 gobiernos locales contarán también con presupuesto para nuevas contrataciones de profesionales que contribuyan a una mejor ejecución de inversiones y de mejores servicios a los ciudadanos.
De igual formal se requiere el concurso de multiples actores del territorio, el liderazgo de las autoridades es clave, el compromiso del sector privado y la academia, así como de la ciudadanía en general, deben formar parte de las estrategias de reducción de la pobreza.
La generación de empleo es la mejor estrategia para reducir pobreza, por lo tanto, las empresas locales proveedoras de bienes y servicios, deben cumplir con los compromisos asumidos en el marco de los contratos suscritos con el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, de lo contrario, las obras se paralizan y por ende se paraliza la atención a las demandas ciudadanas y la fuente de empleo. En esa línea, la inversión privada también cumple un rol clave, tanto como generadora de empleo, fuente de ingresos para el Estado a través del pago de impuestos y de su contribución al desarrollo, por ello corresponde al estado en sus tres niveles de gobierno, garantizar las mejores condiciones para atraer inversiones. Todos debemos involucrarnos en la lucha contra la pobreza desde el lugar y la posición en la que nos encontremos, ya que solucionar esta situación, requiere del concurso de todos.
