La formalización de la pequeña minería y la minería artesanal muestra avances, aunque persisten grandes retos, mientras la minería ilegal continúa expandiéndose en distintas regiones del país. Esta situación, advierten especialistas, demanda una acción más firme y articulada entre el Estado y el sistema de justicia.
En Perumin 37, Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y directora de Videnza Instituto, alertó sobre el crecimiento de la minería ilegal en regiones como Cajamarca y subrayó la necesidad de diferenciarla con claridad de la pequeña minería y la minería artesanal. Destacó que el Foro MAPE permitió recoger experiencias de formalización en Perú, Bolivia y Ecuador, además de ratificar el pedido de los propios mineros de no ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), decisión que ya fue respaldada por el Gobierno. “Todavía falta mucha más acción”, señaló, al remarcar la urgencia de políticas que acompañen de manera efectiva a los pequeños productores.
Bustamante advirtió también que, en contexto electoral, el tema corre el riesgo de politizarse y terminar beneficiando a informales e incluso ilegales. “Cuando hablamos de minería ilegal, hablamos de un delito. Y cuando hablamos de un delito, a quien le corresponde enfrentarlo es al sistema de justicia”, enfatizó. Recordó que el Ejecutivo retiró 50,000 registros del Reinfo y exhortó a la policía, la Fiscalía y el Poder Judicial a sancionar con firmeza, para enviar un mensaje claro de que el país no tolerará esta actividad ilícita.
