El Perú atraviesa una coyuntura excepcional por el alza del oro y la creciente demanda global de metales críticos como el cobre, la plata y el plomo. Sin embargo, estas oportunidades corren el riesgo de diluirse ante problemas estructurales internos: exceso de trámites, marcos regulatorios confusos e instituciones debilitadas, advirtió Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto.
El especialista alertó, además, sobre el aumento de controversias internacionales en el sector minero-energético: en 2024, el 46 % de los arbitrajes correspondió a conflictos de inversión. Para Castilla, esto refleja una desconfianza creciente en el sistema judicial y un deterioro de la seguridad jurídica. A ello se suma el avance de la minería ilegal, hoy convertida en motor del crimen organizado, causa de graves daños ambientales y fuente de incertidumbre para los inversionistas.
Castilla también advirtió que la fragmentación política y la falta de consensos, en un contexto preelectoral, frenan decisiones estratégicas y obstaculizan la implementación de una política minera moderna que oriente los beneficios hacia las regiones. El director de Videnza Instituto enfatizó que el país aún está a tiempo de revertir el escenario: “Si no actuamos con visión de país, veremos cómo otra bonanza se diluye entre trámites, ilegalidad y división política, mientras los beneficios vuelven a escaparse de nuestras manos”, concluyó.
