Contraloría detectó irregularidades en pagos por concepto de sentencias judiciales en la DREA

Funcionarios generaron perjuicio económico a la entidad por un total de S/ 240 mil 225.
DREA, pagos Contraloría

REDACCIÓN I PORTAL AYACUCHO

La Contraloría General identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en ocho funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho – DREA, debido a pagos en exceso realizados por concepto de sentencias judiciales, que ocasionó perjuicio por S/ 240 225.

El informe de Control Específico N° 04-2022-2-0712-SCE, detalla que la DREA desde el año 2015 realizó pagos parciales al personal cesante, por diversos motivos (bonificación por preparación de clases y evaluación, gratificación por tiempo de servicio, subsidio por luto, gastos de sepelio, ente otros) en mérito a sentencias judiciales, sin advertir que el total de dichos pagos, había superado los montos establecidos en las respectivas sentencias.

Dicha situación fue expuesta por la responsable de Tesorería al director de la Oficina de Administración y al responsable del área de Personal de la DREA en diciembre del 2021, pero a la fecha la Entidad no recuperó los montos pagados en exceso, los cuales suman S/ 240 225.

Los hechos irregulares antes descritos, fueron ocasionados por el responsable del área de Personal, el responsable de planillas de Cesantes y los directores de la Oficina de Administración de la DREA, quienes no comunicaron a la Procuraduría Pública Regional de Ayacucho, los pagos parciales que tramitaron y autorizaron en diversos periodos a favor de los cesantes.

Cabe mencionar que, estos pagos debieron ser reportados a la Procuraduría Pública Regional de Ayacucho, para la actualización de saldos de deuda, para que esta a su vez envíe la información al Ministerio de Economía y Finanzas. El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la DREA fue comunicado al director regional de Educación de Ayacucho para que efectúe el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos de la DREA y a la Procuraduría Pública de la Controlaría General de la República, para el inicio de las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en las irregularidades

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