Contraloría determinó presunta responsabilidad civil de 7 funcionarios por pagos irregulares de bonificaciones

Situación benefició a 28 servidores públicos de la entidad sin la autorización de las instancias pertinentes.
Situación en la Ugel La Mar

REDACCIÓN I PORTAL AYACUCHO

La Contraloría General identificó que funcionarios y servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Mar – UGEL La Mar, pagaron una bonificación especial a favor de servidores administrativos de dicha institución, que ocasionó un perjuicio económico a la Entidad por S/173 255, toda vez que se realizó contraviniendo la normativa vigente.

Según el Informe Control Específico N° 002-2022-2-0712,  se realizaron reajustes de la mencionada bonificación en beneficio de 28 servidores administrativos que laboraron el año 2018, sujetos al Decreto Legislativo N° 276, para lo cual dispusieron de recursos de la entidad, sin contar con disponibilidad ni certificación presupuestal.

El mencionado pago se realizó bajo la denominación de “bonificación diferencial”; sin advertir que, lo efectivamente pagado fue una bonificación especial, la misma ya se venía pagando mensualmente con el término “BONESP”.

Para pagar la bonificación especial, se tomó como base de cálculo la remuneración total que percibían los referidos servidores, a pesar de encontrarse prohibido por Ley; ya que carecían de autorización para realizar reajustes adicionales a los montos ya percibidos, contraviniendo la normativa aplicable y presupuestaria.

Cabe mencionar que, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho también observó pagos por el mismo concepto, efectuados en el año 2015, ya que se encontraban al margen de lo establecido en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM.

Como resultado de los hechos antes descritos se identificó presunta responsabilidad civil en siete funcionarios y servidores de la UGEL La Mar.

El informe de control posterior, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación Ayacucho – DREA, fue comunicado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, a fin de que inicie las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos irregulares, con la finalidad de que se determine las responsabilidades que correspondan. Dicho informe es de acceso a la ciudadanía, ya que se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control.

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